¿MÁS SEGURIDAD NACIONAL, MENOS SEGURIDAD CIUDADANA?

La situación política y social que vivía nuestro país antes de agosto de 2002 cuando se implementa la política de seguridad democrática, fue una de las perores de nuestra historia. En aquel momento, la violencia y el miedo eran el día a día de los colombianos, mientras las guerrillas y los grupos paramilitares incrementaban su control de muchas regiones del país.

Con la implementación de las políticas de seguridad democrática, se presento una disminución (1)  del 67% de los ataques, un descenso del 85% en los secuestros, y una disminución del 92% en los retenes ilegales. Un éxito rotundo que se elevo a los campos políticos  y económicos del país.

Aun cuando el efecto de la política de seguridad democrática también impacto el comportamiento de la seguridad en algunas ciudades, en el que se evidenciaron que a la par de la disminución de la tasa nacional de homicidio, disminuyeron las tasas de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, hay nuevas dinámicas que estamos presenciando y que vale la pena analizar a fondo.

El incremento en primer trimestre del homicidio en algunas ciudades como Cali (23%), el incremento del hurto a personas en un 27% en 10 de las principales ciudades del país, del 29% en el caso de las lesiones comunes y del 3% del hurto de comercio, han llevado a algunos a replantear el éxito de la seguridad democrática. Pero ¿Qué tan cierta es esta afirmación? ¿El incremento de la inseguridad en las ciudades es un ejemplo de la debilidad de la política de seguridad nacional?

Definitivamente no, y para ello, es necesario aclarar conceptos. No es lo mismo violencia y crimen. Aun cuando las dos puedan tener que ver con expresiones y formas similares, especialmente si están relacionados con una guerra civil o un conflicto armado, la diferencia radica en el fin de las mismas. En el primer caso el fin es suplantar al estado, mientras  que en el segundo el fin no es más que un interés monetario, un negocio. La diferencia es tan clara que incluso, en este último caso, el crimen no solo no intenta subvertir el estado, sino que también pretende infiltrarse en él para alcanzar sus intereses económicos.

La diferencia planteada es fundamental para afirmar que la presencia más latente del crimen en algunas ciudades no desdibuja ni discute el restablecimiento del monopolio de fuerza y por tanto de la legitimidad del estado, a través del control de la violencia. Esto fue evidente en la disminución al maximo de aquellas organizaciones que querían suplantar o subvertir al estado.

También es fundamental para evidenciar una importante capacidad de la delincuencia de transformarse o mimetizarse a otras formas con el fin de alcanzar los objetivos. Eso explica el control que habrían tenido grupos paramilitares de pandillas o sicarios en los barrios en ciudades como Medellín y Cali, así como se explica que nuevos capos del narcotráfico, provenientes algunos de antiguos grupos paramilitares, hagan alianzas con las FARC, con el fin de mantener el negocio del narcotráfico.

El asunto central planteado aquí, es que el fin de la violencia relacionado con el resquebrajamiento del Estado no  significa, de manera inmediata, la disminución del crimen. Probablemente en algunas ocasiones significa su repunte. Pero también, significa una menor capacidad de supervivencia, a causa de la presencia de un Estado se hace más fuerte, organizado y preparado para combatirle. Es así como según Naciones Unidas “En el mediano o corto plazo, una incompleta o inefectiva reintegración de los excombatientes en la sociedad civil puede permitir la criminalidad armada por parte de los combatientes que no tiene otra forma de vivir”.

Con respecto a lo anterior, hay numerosos ejemplos en el mundo. Uno de ellos es Sudáfrica, en donde se libro uno de los procesos de paz más renombrados en el mundo. Luego de este, salieron a la luz antagonismos sociales que llevaron al incremento de la violencia social, a través de pandillas como las llamadas Inkathao (2).

Lo mismo ocurriría en el caso de Centro-América. Justo después del establecimiento de los acuerdos de paz, se evidencio un incremento en las tasas de homicidio, especialmente con las relacionadas con arma de fuego. En este sentido Alexandra Guaqueta menciona como esta nueva oleada de violencia estaría relacionada con el surgimiento de nuevas estructuras como la pandilla de los “maras”, pero también con una evidente incapacidad de la policía civil de afrontar este tipo de crimen, pues estaban acostumbrados únicamente a asumir enfrentamientos directos estilo “guerra de guerrillas”.

Lo anterior estaría en consonancia con lo dicho por el Small Arms Survey (2005), que plantea que la “demanda de armamento en contextos de post-conflicto generalmente se mantiene alta, y la militarización de algunas zonas aumenta el peligro de la ocurrencia de hechos de violencia” (3).

CONSIDERACIONES FINALES

Lo anteriormente planteado nos lleva a concluir que enfrentamos un político fundamental. Un momento que significa la satisfacción de haber iniciado un proceso de pacificación que ya no tiene vuelta atrás, pero también significa la urgencia de fortalecernos aun más para enfrentar las nuevas formas del crimen. Un crimen que ya no tiene la intensión de combatir al Estado, derrocar el poder constituido o suplantar las instituciones, sino intereses pura y eminentemente económicos.

Pero aquí la tarea no solo es del gobierno nacional. El congreso debe aportar creando instrumentos para el combate de la delincuencia y fortaleciendo espacios de cooperación institucional, así como expidiendo normas que se ajusten a la realidad del crimen organizado que opera en las ciudades. Debe concentrarse también en aprobar una serie normas que faciliten el combate, investigación y juzgamiento de pequeños delitos, que son los que más angustian a los ciudadanos y los que desde su perspectiva casi siempre quedan impunes. Pero sobre todo, hay que resultar el papel de los alcaldes, que en el actual escenario es cada vez más relevante.

Su responsabilidad debe verse reflejada en la construcción de institucionalidad local para el combate de la delincuencia urbana, instituciones transparentes, agiles y con capacidad de implementar soluciones creativas y con amplio uso de la tecnología disponible. También por supuesto, se requiere más presupuesto para la seguridad de los ciudadanos, más fuerza pública (generalmente con mayor grado de especialización) y más y mejor equipamiento. Pero todo se requiere liderazgo que conduzca a las ciudades a construir políticas de seguridad urbana de largo plazo, y en procurar políticas realmente impactantes para la disminución del crimen.

Para finalizar, hay que ratificar que el éxito de la seguridad democrática no tiene vuelta atrás. La victoria sobre la violencia no es un hecho temporal, una victoria de estas no es más que un acompañante seguro para los próximos tiempos y un mensaje contundente para las futuras generaciones.

(1)    Fundación seguridad y democracia, El debilitamiento de los grupos irregulares en Colombia.

(2)    Morris, Mike y Hindson Doug, violencia política, reforma y reconstrucción en Sudáfrica, Nueva sociedad No. 130, 1994.

(3)    Small Arms Survey, 2004. Acceso en: http:/ www.smallarmssurvey.org